Por
Erika Castañeda Sánchez
Docente
Comunicación Social
Especial para La Moviola
Parte 2.
III. Máquina capitalista y reorganización del pasado
"la memoria" no es una mera función intelectual, vinculada al recuerdo de la "historia" de los hechos objetivos. El registro de los hechos, su conocimiento, es el resultado de una construcción, en la que los sujetos experimentan un proceso de sucesivas reorganizaciones de los datos conocidos que tienen lugar siempre en situaciones de confrontación: de los sujetos entre sí, de los sujetos y la realidad, que a su vez modifica la experiencia de los sujetos -y de las versiones discursivas, o ideológicas de la realidad que los sujetos producen. Este proceso de conocimiento es lo que, desde distintos cuerpos teóricos se conoce como "toma de conciencia", y desde la perspectiva del registro y la interpretación de los hechos externos se suele llamar "memoria".
Inés Izaguirre, en su artículo “La política de la memoria y la memoria de la política en Argentina”
Las palabras de Inés Izaguirre resultan ilustrativas para comprender algunas de las implicaciones políticas de la acción de recordar el pasado, de hacer memoria, para construir una imagen del tiempo ya acontecido a la que llamamos historia. Esta escritora analiza el papel de la memoria en su dimensión oficial a través de lo que ella lama la política de la memoria. Su análisis se centra en el papel que han venido a jugar los diferentes intentos por parte del Estado argentino en la reconstrucción oficial de lo sucedido durante la dictadura militar que va desde 1976 a 1983.
En el fragmento del texto de Izaguirre, la memoria, aparece como un terreno en el que se enfrentan diferentes actores sociales, los cuales se encuentran en disputa por dar forma al pasado. En el caso estudiando, están por un lado, el ejército de Argentina, el gobierno, y diferentes organizaciones promovidas por la sociedad civil nacional e instancias de derecho internacional. Cada uno de ellos lucha para que su versión del pasado quede registrada en la historia de Argentina. Por su puesto, esta no es solo una apuesta por el reconocimiento histórico, cada uno de los actores busca legitimar diferentes acciones en el presente.
El ejército, como institución, busca ser eximido de su responsabilidad en la desaparición y muerte de cientos de argentinos antes y durante la dictadura. Si se evidencia la responsabilidad institucional, no solo deberá pagar una gran suma de dinero a quienes fueron afectados por sus acciones, sino que además se le impondrán sanciones de tipo institucional, que ponen en juego el papel que, se supone, debe cumplir el ejercito dentro de la organización Estatal. Por su parte, el gobierno, busca construir una versión oficial de lo ocurrido durante la dictadura que deje satisfechos a todos los que reclaman la verdad. La sociedad civil, por su parte, organizada en instituciones o de manera individual, busca llamar la atención en diferentes instancias nacionales y supranacionales, para que el ejército reconozca su responsabilidad, buscan además, que los miembros de esta institución hablen sobre lo que pasó, en relación a lo que concierne a sus familiares muertos o desaparecidos.
Según lo anterior, parece que el Gobierno es la instancia media, que puede dar cuenta de lo sucedido, puesto no tiene intereses específicos allí involucrados. Por tal motivo, se le considera la parte más legitimada para construir una versión oficial. En razón de ello, desde allí, se ejecutan lo que llama la autora políticas de la memoria. Una de las cuestiones sobre las que Izaguirre llama la atención es, cómo estas políticas se convierten en políticas de olvido, en la medida en que en su ejecución se ponen en marcha diferentes instancias de construcción de sentido, y se juegan diversos intereses.
En el caso argentino, observaremos solo uno de los intentos de producción oficial de la verdad. Cuando asume la presidencia Alfonsini , impugna al autoamnistía realizada, por el ejército, antes de entregar el poder. Durante este tiempo, se multiplican en gran número las demandas contra el ejército, lo cual trae grandes problemas para el gobierno, pues no solo no alcanza a dar cuenta de lo demandado por los familiares de las víctimas, sino que además el gobierno se ve presionado por la institución militar. Todo esto lo lleva a crear la ley de Punto Final, con la que se busca dar un plazo para las demandas y de esta manera cerrar ese capítulo de la historia del país. Esta ley en lugar de solucionar el problema lo aumentó, pues el límite de tiempo llevó a los familiares a realizar demandas de manera masiva. Esta medida agravó las presiones ejercidas contra el ejecutivo, por la institución militar, y en razón de ello se promulga la ley de Obediencia Debida, la cual limita la responsabilidad sobre los crímenes a los militares con puestos de mando y conducción (Izaguirre 1998, 02).
Una política de la verdad, tal como la descrita, implica diferentes instancias sobrecodificaoras de los enunciados, que determinaran el valor de los mismos. Por un lado, está el derecho, instancia desde donde se evalúa el valor de los testimonios recogidos. El derecho parece funcionar como un sistema de compensaciones para quienes fueron afectados por las acciones militares.
El objetivo del gobierno en esta empresa de construcción de la verdad, es construir un espacio de reconciliación entre la población argentina. Es decir, ante hechos como los sucedidos en la dictadura, los cuales desestabilizan el orden social , se busca estabilizar la realidad. Esto se logra en el cruce de múltiples niveles de comprensión. Por un lado, la promulgación de una ley demanda una serie de acciones jurídicas, las cuales delimitan la responsabilidad de los actores. En esta adjudicación de responsabilidades, el derecho funciona como un dispositivo que le permite establecer un sistema de compensaciones que son de diferente índole, familiares, personales, pero también sociales e históricas. Este sistema de compensaciones pondrá, a su vez, en relación diversas instancias narrativas, por un lado, los testimonios de los familiares de las víctimas, por otro, las negociaciones sobre la verdad que realizan quienes son demandados, aquí me refiero a negociaciones del tipo de: si el enjuiciado ofrece datos relevantes para aclarar casos concretos, entonces se le disminuirá la carga económica y el tiempo de privación de la libertad.
En estos relatos, los dos actores entraran en pugna por legitimar su versión de lo sucedido y lograr una denominación oficial del otro. Los familiares buscan que el ejército sea reconocido como victimario, y asuma una responsabilidad, lo cual lograrían si hacen que las acciones militares entren en la categoría de crímenes de lesa humanidad. Esto lo hacen no solo por las compensaciones económicas, sino también por que buscan restituir el nombre de sus familiares. Para ello, se mencionan así mismos y a sus familiares muertos o desaparecidos como víctimas. Este tipo de litigio jurídico-histórico resulta problemático, pues tanto el ejército como las víctimas crean una versión de la historia que no da cuenta en su totalidad de lo sucedido. Es decir, aquí el problema no se limita a quien le paga a quien, sino que radica en el objetivo mismo de la política de la verdad, crear un relato reconciliador -estabilizador. Tal relato puede aceptar responsabilidades institucionales. Puede ofrecer recompensas económicas y morales a las víctimas, siempre y cuando no toque el verdadero problema. Así, en el caso argentino, tal como lo formula Izaguirre, se presenta la dictadura como un momento en el que la institución se excede en sus funciones y abusa de la sociedad civil. Tal imagen del pasado deja por fuera los diferentes intereses económicos y sociales presentes en las acciones tanto de militares como de quienes fueron acecinados o desaparecidos.
Este oscurecimiento de la cuestión se logra al poner en funcionamiento el juego de oposiciones lingüísticas ya explicado. La categoría de víctima, es la que se opone a la de victimario, entonces éste último aparece como todo aquello que no es la víctima. Si el victimario es una institución, que actúa de forma criminal y por tanto es responsable de la situación, la víctima no se presenta como un ejército, no es una organización que lucha por unos intereses determinados, sino individuos, desarticulados que, a diferencia de los militares, no fueron responsables de lo que pasó, es decir son inocentes.
Además de lo anterior, al vincularse solo al ejército y a sus víctimas, la institución militar se ve como una fuerza que actuó de manera independiente. La sociedad civil, por su parte, no es visibilizada como un ejército, sino como víctimas civiles. Lo que se niega aquí, según Izaguirre, es que detrás de estos grupos se ciudadanos asesinados y desaparecidos, hay colectivos sociales luchando por sus intereses. Del lado de los militares, están los grandes empresarios y terratenientes que buscan mantener su superioridad económica y social, por el otro lado, están quienes no pueden acceder a la propiedad, pues sus recursos económicos son limitados. Así, bajo esta política de la verdad, más allá de que algunos de los actores sociales queden conformes o no, lo que se pone en juego es que los enunciados a partir de los cuales se construye la versión oficial de la historia, los enunciados que sirven para estabilizar la realidad, oscurecen uno de los fenómenos que propician la dictadura militar, la desigualdad social y económica.
Veamos ahora, a manera de conclusión, cómo funciona la MC analizada en el apartado anterior, en relación con este caso.
IV. Conclusión
Había sido mencionado que aquello que privilegiaba la MC, sobre los enunciados es su capacidad de representar. Es decir, de crear imágenes mentales sobre objetos o fenómenos, que por otro lado tienden a estabilizar la realidad. Esto, por supuesto, podemos observarlo en la manera en que será definido el que se designe como víctima, y el que se designe como victimario. La lógica de oposición resulta importante aquí, pues mientras que el victimario debe ser comprendido como culpable, el otro debe ser entonces inocente. Esta relación entre inocencia y culpabilidad, como lo muestra la autora, tiene por objeto una desviación de la cuestión.
Para comprender el asunto debemos preguntarnos cómo están distribuidas las relaciones de poder. La pregunta entonces apunta a saber qué o quiénes se benefician con esta política de la verdad. En el caso que venimos observando, los dos niveles de la pregunta están ampliamente relacionados.
Tal como lo ha presentado Guattari, el Capitalismo al funcionar como un operador semiótico, logra mantener el control de la sociedad de manera discreta, sin la necesidad de ejercer directamente una serie de represiones sobre los grupos sociales. La manera en que se vehicula este control de la sociedad es a partir del uso de dispositivos que, desde diferentes ámbitos, producen efectos de realidad. Si aceptamos que la MC busca siempre aumentar los diferentes niveles de la realidad que interviene, podemos entender su papel en las políticas de la verdad. Una de las razones, a mi juicio la más importante, del empeño de los gobiernos por lograr que se acepte como justo el sistema de compensaciones que crea en casos como el ya descrito, es que logra crear la ilusión de normalidad. Al limitar la dictadura a un asunto entre víctimas y victimarios, crea la sensación de que la democracia –recuérdese que son gobiernos democráticos lo que llevan a cabo estas políticas de la verdad-, es el sistema político de mayor conveniencia, pues hace posible una sociedad “justa”. Por su parte, la división de la sociedad entre sujetos opuestos –víctimas/victimarios-, en lugar de mantener vigentes las causas de la lucha de quienes fueron masacrados, las borra de la historia, de ahí que se convierta en una política del olvido. De esta manera queda borrado por completo el carácter de clase que está a la base de la dictadura en Argentina.
Una cosa debe quedar clara, este empeño por estabilizar la realidad, con la cual se produce una ilusión de normalidad, le permite a la MC extenderse, multiplicarse, y por su puesto generar de manera legítima diferentes efectos en el orden económico y social. Podemos ver que bajo la política de la verdad, el capital financiero, las jerarquías sociales y el poder eclesiástico, quedan por fuera de este hecho histórico, su responsabilidad es abstraída. Esto resulta de gran importancia, si recordamos que a lo largo de este texto se ha señalado que la MC construye una versión de la historia que se vuelve la versión hegemónica. Esta es una de las maneras en que se afianza la hegemonía del capitalismo, puesto que a pesar de configurarse un relato, bajo un sistema de compensaciones que reparte responsabilidades, con dicho sistema no son cuestionadas las diferentes relaciones de poder que habitan la sociedad argentina, éstas siguen vigentes y tal vez más fortalecidas que antes.
Bibliografía
Guattari, Félix. (2005), Micropolítica. Cartografías del deseo, Buenos Aires: Tinta Limón
Izaguirre Inés. La política de la memoria y la memoria de la política en Argentina http://www.razonyrevolucion.org/textos/revryr/luchadeclases/ryr4Izaguirre.pdf consultado el 20 de mayo de 2010
Lazzatato, Maurizio. (2006) El "pluralismo semiótico" y el nuevo gobierno de los signos.
Homenaje a Félix Guattari http://eipcp.net/transversal/0107/lazzarato/es consultado el 25 de mayo de 20010
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